El martes 20 de mayo de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó la controvertida Ley de Agentes Extranjeros, con el respaldo de 57 votos provenientes del oficialismo y sus aliados. Esta normativa impone un impuesto del 30 % sobre toda transacción financiera, desembolso, transferencia o importación proveniente del extranjero, sin importar si se trata de donaciones, pagos u otros conceptos.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación, señalando que esta ley tiene como finalidad asfixiar financieramente a las organizaciones de la sociedad civil críticas al Gobierno y restringir su margen de acción en el país.
Días antes, el 13 de mayo, el presidente Nayib Bukele anunció públicamente que presentaría esta iniciativa, acusando a supuestas “ONG globalistas” y a grupos “autodenominados de izquierda” de manipular a personas humildes durante una protesta pacífica organizada por la Cooperativa El Bosque. Esta narrativa busca justificar una legislación que, en la práctica, podría limitar severamente el trabajo de las organizaciones que han acompañado históricamente a las comunidades más vulnerables del país.
Cabe preguntarse: ¿qué sucederá con las comunidades que han sido sostenidas por el trabajo de las ONG? Fue una organización no gubernamental la que llevó agua potable a mi comunidad, la que gestionó la reparación de nuestras calles, mejoró las condiciones de nuestra escuela, promovió educación en salud sexual y reproductiva, y brindó apoyo a personas con VIH. Mientras tanto, las alcaldías y ministerios han priorizado proyectos turísticos destinados a beneficiar a ciertos sectores económicos, ignorando las necesidades más urgentes de la población.
Desde el fin del conflicto armado, las organizaciones de la sociedad civil han sido un pilar fundamental en el desarrollo social del país. Su labor ha respondido a las carencias reales de las comunidades, no a intereses políticos ni económicos. Por ello, surge una duda legítima: ¿a qué se destinará ese 30 % recaudado? El presidente mencionó que sería para "resolver" el problema de la Cooperativa El Bosque, pero la ley no especifica cómo ni dónde serán utilizados esos fondos. ¿Se trata de una medida de financiamiento social o de un mecanismo de castigo político?
El periódico Alharaca ha señalado acertadamente: “Básicamente va a ser el gobierno quien decida qué organización receptora de cooperación o solidaridad internacional estará sujeta a controles o impuestos del 30 %, y cuáles no”. Esto significa que las organizaciones alineadas con el gobierno gozarán de privilegios, mientras que aquellas que realmente trabajan a favor de la ciudadanía podrían ser penalizadas.
Esta ley no solo representa una amenaza para el trabajo social y comunitario, sino también para la democracia, la participación ciudadana y la libertad de asociación. Exigimos que se prioricen los intereses del pueblo sobre los intereses políticos, y que no se limite el trabajo de quienes históricamente han estado del lado de la gente
